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EN ALGO ESTAMOS EQUIVOCADOS

 El escenario actual de la crisis acrecentada por la absolutamente justificada impaciencia ciudadana en orden a ver una salida clara, está dando lugar a múltiples noticias que afecta a las Administraciones Públicas y por tanto, a los funcionarios públicos. Quizá ya, lo primero que cabe indicar, es que los funcionarios públicos somos una parte de los empleados públicos y desde luego somos la parte que, sin excepción, ha alcanzado su puesto de trabajo bajo un procedimiento basado exclusivamente en los principios de publicidad, mérito y capacidad. ¿Para qué? Para seleccionar a los mejores candidatos ¿Por qué? Porque el ejercicio de nuestras funciones está exclusivamente regido por la Ley – sea ésta buena, mala, eficaz o ineficaz, más o menos burocrática-, y de ahí que estemos dotados de la tantas veces denostada “inamovilidad” ¿Alguien quiere que el control del dinero público dependa de un trabajador que sirva al dictado de quien se lo gasta porque su trabajo dependa de él? Más que una pregunta, simplemente es una cuestión que debe ser objeto de reflexión y siempre partiendo de la base de que, pese a los indignantes casos de corrupción que padecemos, se debe creer firmemente en la “clase” política, en su general honradez y en su indispensable existencia.

Incorporemos más elementos para la reflexión general, son datos objetivos. El primero” hay demasiados”: uno de los temas debatidos es el del número de empleados públicos en todas las Administraciones Públicas – funcionarios, laborales, eventuales y “otro tipo de personal”-, en su relación respecto al conjunto del mercado de trabajo. Pues bien, el dato es que el conjunto de empleados públicos no llega al 6 por ciento de la población activa. ¿Esto es mucho o poco? Pues es menos que en Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Holanda, Chipre, Reino Unido, Dinamarca, Chequia, Bulgaria, Grecia, Malta, Eslovaquia, Luxemburgo o Hungría y es una cifra muy pareja con Polonia, Suecia, Eslovenia, Italia o Noruega; la proporción menor la tienen además de Suiza o Finlandia, Irlanda, Islandia, Turquía o Rumanía. Es llamativo que el país de mayor proporción de empleados públicos en relación con el mercado de trabajo es Luxemburgo y los países con menor proporción son Suiza y Finlandia y además, hay países rescatados o con crisis muy agudas en ambos lados de la tabla. Parece por tanto, que la crisis poco tiene que ver con el número de empleados públicos y que en esto, España tiene una dimensión adecuada al margen de la eficiencia en su organización o gestión. Esto es, en vez de hablar del “despido del empleado público”, ¿por qué no hablamos de cargas de trabajo o de redistribución de efectivos? ¿Se puede ser más eficaz? ¿Es imprescindible despedir?

El segundo: hablemos del Estado, no de las Comunidades Autónomas ni de las Corporaciones Locales. En valores absolutos desde 1996 hasta 2010 la plantilla de la Administración General del Estado se ha reducido en 329.538 efectivos, un 35,78% y el poder adquisitivo de sus sueldos se ha reducido más del 40% ¿Se puede asumir desde el Estado que hay que suprimir empleados? ¿Se puede asumir, sin queja, anunciadas bajadas salariales? Por si alguien puede decir que en 2005 hubo incremento de personal, simplemente decir que sí, es verdad, pero que eso es debido principalmente a la acertada incorporación de más de 40.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En definitiva, los empleados públicos del Estado representan el 22 por ciento del conjunto de todos los empleados públicos en todas las Administraciones ¿Esto es mucho?

El tercero: “hay que bajar los sueldos”. El Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, acordó la medida de la reducción del 5% de la masa salarial del conjunto de los empleados públicos de todas las Administraciones Públicas, se pretendía con ello reducir los gastos de personal un 2 por ciento. Al final los gastos se incrementaron ¿para qué sirvió la medida? Simplemente se redujeron los ingresos del personal en activo, pero sin embargo las pensiones de clases pasivas se incrementaron y principalmente por esto subió el gasto ¿Qué hacer? Congelar el salario, suprimir la aportación al plan de jubilación, eliminar la tasa de reposición, eliminar la oferta de empleo público, congelar pensiones ¿Para cuándo adoptar medidas que doten de eficacia a la Administración? ¿Para cuándo analizar de verdad dónde existe una sobredimensión de las Administraciones? ¿Para cuándo vincular retribución a una productividad real, planificada y equilibrada?

Se trata simplemente de dar datos y formular preguntas, la crítica al “funcionario” es fácil, cuando no debería serlo, la crítica a la Administración es fácil cuando lo que debería ser es valorada y apreciada. La condición de funcionario debería ser una profesión respetada y querida por la sociedad sin embargo, parece ser elogiable su crítica basada en ningún dato desde cualquier sector.

En algo estamos equivocados.

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